Tras la reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, que la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión que reactiva un expediente judicial de gran relevancia política y económica: la causa conocida como “Correo Argentino”.
La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos estrechamente vinculados al Grupo Macri. Esta decisión judicial no solo implica la reactivación de la causa, sino que también impone a los recurrentes la obligación de realizar un depósito económico, bajo la amenaza de ejecución en caso de incumplimiento.
El Caso Correo Argentino: Un Conflicto de Intereses en el Centro de la Polémica
El núcleo de la investigación reside en las presuntas irregularidades detectadas en el acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa perteneciente a la familia del expresidente Mauricio Macri, específicamente en relación con la deuda de Correo Argentino S.A. La decisión de la Corte Suprema revitaliza este caso, que ha estado en el centro de la controversia durante años.
El máximo tribunal fundamentó su decisión de desestimar la presentación de la defensa argumentando que el recurso extraordinario presentado no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, según lo estipulado en el artículo 14 de la ley 48.
La Recusación de los Camaristas: Un Intento Fallido de la Defensa
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal, ambos imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían intentado recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña. La defensa alegó un “temor de parcialidad”, argumentando una supuesta enemistad manifiesta de ambos jueces hacia Mauricio Macri y, por extensión, hacia ellos. Además, la defensa argumentó que la causa poseía un “claro contenido político” y buscaba “poner de rodillas” al ex jefe de Estado.
Los directivos de Correo Argentino S.A., controlada por Socma, la empresa de la familia Macri, cuestionaron la imparcialidad de Farah basándose en sus denuncias de supuestas presiones por parte del gobierno macrista. En cuanto a Boico, se señaló que, antes de asumir como juez, había defendido a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron la recusación. El juez Javier Carbajo afirmó que la defensa no logró demostrar que existiera un temor de parcialidad objetivamente sustentado en las circunstancias particulares del caso.
La Decisión de la Corte Suprema y sus Implicaciones
El reclamo llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, el cual fue desestimado. La Corte fue contundente en su fallo, exigiendo a los recurrentes realizar un depósito económico dentro del plazo establecido, bajo la amenaza de ejecución.
Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, también fueron imputados e indagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo de 2016, que preveía la cancelación de una deuda, incluyendo la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la misma. La fiscal Gabriela Boquin denunció la maniobra como “ruinosa” y “abusiva”, logrando frenar el pacto.
La decisión de la Corte Suprema, al desestimar el recurso de queja y exigir el depósito, confirma la continuidad de la investigación, manteniendo a los directivos de Correo Argentino y al Grupo Macri bajo el escrutinio judicial en esta compleja y controvertida causa.