Un caso alarmante ha conmocionado a la comunidad de Coronel Suárez y Bahía Blanca, poniendo en tela de juicio el sistema de libertad asistida y la evaluación de riesgos en delincuentes violentos. Maximiliano Eduardo Roth, un hombre con antecedentes por agresión infantil, ha sido nuevamente detenido tras fracturarle el cráneo a un bebé de tan solo 11 meses.
En 2022, Roth fue condenado por golpear brutalmente a la hija de dos años de su entonces pareja, causándole también una fractura de cráneo. Sin embargo, a pesar de su historial de violencia, el juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca, Onildo “Yiyo” Stemphelet, le otorgó el beneficio de la “libertad asistida”, una decisión que ahora está siendo duramente cuestionada.
Tras su liberación, Roth fijó domicilio en Coronel Suárez. Fue en esta localidad donde, según la denuncia presentada por su actual pareja, la mantuvo cautiva durante tres días en una vivienda ubicada en la avenida Independencia, junto con sus dos hijos, un niño de 3 años y el bebé de 11 meses. La situación de encierro y violencia culminó cuando la joven logró escapar y alertar a las autoridades.
Al llegar al lugar, la policía encontró al bebé con graves lesiones y bajo el cuidado de vecinos. El diagnóstico fue contundente: múltiples fracturas en el cráneo. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde permanece internado y, afortunadamente, fuera de peligro en terapia intermedia.
La indignación pública se centra en la decisión del juez Stemphelet de otorgar la libertad anticipada a Roth. La justificación para esta medida se basó en informes del Servicio Penitenciario que calificaban al agresor con “conducta 10” y “concepto bueno”, una evaluación que, a la luz de los hechos, resulta incomprensible.
Entre las condiciones impuestas a Roth para mantener su libertad, se incluían la abstención de consumir drogas y alcohol, someterse al control del Patronato de Liberados, realizar tratamiento psicológico y asistir a un curso de “deconstruyendo masculinidades”. Evidentemente, estas medidas fueron insuficientes para prevenir la reincidencia del agresor.
Ahora, Roth enfrenta una nueva causa por “tentativa de homicidio”. Durante su indagatoria ante la fiscal Claudia Lorenzo de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, se negó a declarar. Este nuevo episodio de violencia ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas de reinserción social y la necesidad de una evaluación más rigurosa de los riesgos que representan ciertos delincuentes para la sociedad.
El historial de Roth revela un patrón de violencia preocupante. Anteriormente, ya había sido condenado a tres años y un mes de prisión por “lesiones graves y leves” tras agredir a una niña de 2 años, hija de una expareja, causándole fractura de cráneo y mordeduras. En aquel momento, intentó justificar el ataque alegando que la niña “se había caído”, pero las pericias médicas desmintieron su versión.
Además de los casos de maltrato infantil, Roth acumula varias denuncias por violencia de género, incluso después de haber asistido al curso obligatorio que le ordenó el juez. Este historial pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los criterios utilizados para otorgar la libertad asistida y la importancia de implementar medidas de seguimiento y control más efectivas para prevenir la reincidencia en casos de violencia.
Este trágico incidente subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y garantizar que los agresores sean responsabilizados por sus actos. La sociedad exige respuestas y medidas contundentes para evitar que casos como este se repitan.