En una entrevista reciente, Malena Galmarini, ex Presidenta de AySA y actual candidata a senadora nacional, ha lanzado fuertes críticas contra la política gubernamental actual con respecto a la gestión del agua potable y el saneamiento en Argentina. Sus declaraciones ponen de manifiesto la preocupación por el posible desmantelamiento de AySA y las consecuencias que esto podría acarrear para el acceso universal al agua, un derecho humano fundamental.
Galmarini enfatizó la importancia crucial del agua como un derecho humano inalienable, argumentando que su acceso no puede ser restringido ni condicionado. “El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo”, declaró, refiriéndose al presunto deterioro del servicio y la aparente estrategia de vaciamiento de la empresa estatal AySA.
Durante la entrevista, la ex Presidenta de AySA resaltó los logros significativos alcanzados durante su gestión. Destacó la expansión de la infraestructura de agua y saneamiento, con la instalación de 4.000 kilómetros de redes de agua potable y alcantarillado. Además, subrayó la transparencia en la gestión, indicando que todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y la información era accesible al público a través de la página web de la empresa, la cual, según Galmarini, ha sido desactivada.
La candidata a senadora advirtió sobre los peligros inherentes al nuevo modelo de gestión que se está implementando. Cuestionó la retórica presidencial sobre la competitividad en una empresa que, por su naturaleza, no opera en un mercado competitivo. Galmarini argumentó que el éxito de AySA no se mide por su rentabilidad económica, sino por la cantidad de usuarios que se benefician de sus servicios. En este sentido, lamentó el aumento de las tarifas y la simultánea disminución de la calidad del servicio, señalando una contradicción preocupante.
Galmarini recordó que el acceso al agua y al saneamiento está consagrado como un derecho humano fundamental en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6 de la ONU, así como en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales ratificados por Argentina. Citó la experiencia negativa de la privatización de Aguas Argentinas como un ejemplo de los riesgos de priorizar los intereses económicos sobre el acceso universal al agua. “Nos pasó con Aguas Argentinas: sólo les interesaban los usuarios que podían pagar. Esta es una discusión sobre el modelo de país”, afirmó.
La ex funcionaria también criticó la reciente aprobación de la Ley Bases, argumentando que esta legislación facilita la privatización de empresas estratégicas como AySA. “No les agradezco a quienes firmaron la Ley Bases. Pusieron a disponibilidad la privatización de una empresa como AySA. La gente no lo merece”, expresó con firmeza.
Finalmente, Galmarini denunció la paralización de proyectos clave para la mejora del saneamiento y el acceso al agua potable, como el sistema Riachuelo y el acueducto del sistema Agua Sur. Advirtió que la suspensión de estas obras pone en riesgo el bienestar de miles de ciudadanos que dependen de estos servicios básicos. “Pretenden dejar todo como está, meter arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas. Este gobierno habla de libertad y de la casta, pero no se preocupa por quienes no pueden bañarse ni tomar leche con agua segura”, concluyó.