El acoso y el abuso sexual en el transporte público representan una realidad inquietante y persistente, que afecta desproporcionadamente a mujeres, adolescentes y niñas. Durante demasiado tiempo, conductas como roces y tocamientos no solo fueron toleradas, sino incluso justificadas bajo el pretexto de una supuesta ‘picardía’ masculina. Afortunadamente, el creciente movimiento feminista ha logrado desafiar y cuestionar estas actitudes arraigadas, impulsando un cambio de paradigma.
En un esfuerzo por promover políticas públicas que combatan el acoso y el abuso sexual, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó recientemente una ordenanza innovadora. Esta legislación establece la obligatoriedad de exhibir carteles informativos en los autobuses, detallando conductas consideradas como violencia de género y/o acoso. Además, estos carteles proporcionarán información crucial sobre los recursos disponibles para las víctimas, incluyendo oficinas municipales y provinciales donde pueden buscar asistencia y presentar denuncias.
Sin embargo, incluso una medida tan fundamental como el apoyo a las víctimas de delitos sexuales sigue encontrando resistencia en ciertos sectores políticos. En este caso, la ordenanza fue aprobada por la mayoría de los bloques, con una excepción notable: La Libertad Avanza. Los concejales Cecilia Martínez y Emiliano Recalt optaron por abstenerse durante la votación, sin ofrecer explicaciones públicas sobre su decisión.
Esta abstención resulta particularmente llamativa dado el perfil público de ambos concejales. Martínez aspira a un puesto en el Senado provincial, ocupando un lugar destacado en la lista de La Libertad Avanza. Por su parte, Recalt se perfila como un posible futuro presidente del Concejo Deliberante, especialmente a medida que su bloque gane representación tras las próximas elecciones.
La ordenanza establece claramente que los carteles deben identificar gráficamente las conductas consideradas violentas, promover la detección temprana de situaciones de riesgo y proporcionar información detallada sobre las oficinas municipales y provinciales a las que las víctimas pueden acudir en busca de ayuda. El objetivo es claro: crear un entorno más seguro y ofrecer herramientas a quienes puedan ser víctimas de acoso o abuso en el transporte público.
Si bien la implementación de la ordenanza será obligatoria en los autobuses, se permitirá que taxis y remises se sumen voluntariamente a la iniciativa, según la decisión de sus propietarios. La implementación completa se realizará en paralelo con la aprobación del nuevo pliego del servicio de transporte público, cuyo contrato actual está próximo a vencer.
El proyecto original fue presentado por la UCR el año anterior y, desde entonces, ha recibido aportes valiosos de las áreas de Género y Transporte del gobierno municipal, así como de otros bloques legislativos. Ricardo Liceaga Viñas, uno de los impulsores de la ordenanza, resumió su espíritu al señalar la preocupante cantidad de casos de acoso en el transporte público. Enfatizó que la cartelería no solo tiene un potencial preventivo, sino que también puede empoderar a las víctimas al proporcionarles información clara sobre dónde buscar ayuda y cómo denunciar los incidentes.
Esta nueva ordenanza representa un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y respetuoso en el transporte público de Mar del Plata, aunque la abstención de La Libertad Avanza subraya la persistencia de desafíos y la necesidad de un compromiso continuo con la erradicación de la violencia de género.