Mar del Plata: Confirmación Judicial de la Restricción al Uso de Agroquímicos en Entornos Urbanos

En una decisión trascendental para la salud pública y el medio ambiente, la Justicia ha ratificado la prohibición del uso de agroquímicos en fumigaciones a una distancia inferior a mil metros de cualquier área urbana dentro del partido de General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata. Este fallo consolida una medida cautelar previamente establecida, marcando un hito en la regulación del uso de sustancias potencialmente dañinas en proximidad a zonas pobladas.

La confirmación de esta restricción fue comunicada oficialmente por el Municipio, a través de la entidad Obras Sanitarias. En un comunicado público, la administración local aseguró el cumplimiento de la resolución judicial, subrayando su compromiso con la protección de la salud de los ciudadanos y la preservación del entorno natural.

La base legal de esta prohibición radica en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal provincial suspendió la aplicación de ciertos artículos (específicamente los artículos 19, 23, 27 y 28) de la Ordenanza 21.296/2013, normativa que regulaba el uso de agroquímicos en el distrito. Al suspender estos artículos, la Corte reafirmó la validez del límite de los mil metros como zona de exclusión para la aplicación de estos productos.

El comunicado del Municipio detalla las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento del fallo. “Según la orden dispuesta en fecha 23/05/25, se dispone que el Municipio notifique -individualmente- a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia de las normas de referencia, la vigencia de la suspensión dispuesta por la resolución de esta Suprema Corte de los arts. 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296/13”, se indica en el texto.

La Dirección General de Asuntos Agropecuarios, Cooperativas y Mutuales, dependiente del Municipio, ha sido la encargada de llevar a cabo la notificación formal de la medida cautelar a los productores y establecimientos agropecuarios registrados en el Programa de Desarrollo Rural Sustentable, establecido en la Ordenanza 21.296. Esta acción busca asegurar que todos los actores involucrados estén plenamente informados sobre las restricciones vigentes.

Además, se cuenta con la colaboración del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que aporta el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa). Este registro, que abarca a todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, vincula a cada productor con su producción y su establecimiento, facilitando la identificación y el control de las actividades en la zona restringida.

A pesar de estos esfuerzos, organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por la efectividad real de la notificación a los establecimientos ubicados dentro de la franja de los mil metros. Según estas organizaciones, el cumplimiento de la orden de notificación estaría por debajo del 10%, con solo una minoría de los destinatarios efectivamente notificados. Esta situación ha generado un llamado a la acción, instando a las autoridades a intensificar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento pleno de la medida cautelar.

La controversia en torno al uso de agroquímicos en zonas rurales y su impacto en la salud humana y el medio ambiente es un tema recurrente en la agenda pública. Este fallo judicial representa un avance significativo en la protección de las comunidades urbanas de la exposición a estas sustancias, pero también pone de manifiesto la necesidad de un control más riguroso y una mayor transparencia en la aplicación de las regulaciones existentes.

En definitiva, la confirmación judicial de la prohibición del uso de agroquímicos a menos de mil metros de las zonas urbanas de Mar del Plata es un paso importante hacia un modelo de producción agropecuaria más sostenible y respetuoso con la salud de las personas y el medio ambiente. Sin embargo, el camino hacia una implementación efectiva de esta medida requiere un compromiso continuo por parte de las autoridades, los productores y la sociedad en su conjunto.