La controversia en torno a la actuación de la Patrulla Municipal en Mar del Plata ha escalado tras una reciente resolución judicial. El Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, liderado por Juan Tapia, emitió un fallo favorable, aunque parcialmente, a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Esta acción legal buscaba proteger a las personas en situación de calle, y la resolución judicial establece que el Municipio debe abstenerse de realizar operativos que involucren violencia física o verbal, así como la confiscación de documentos y pertenencias personales.
La respuesta del Intendente Guillermo Montenegro no se hizo esperar. Mientras la CPM, junto con la APDH regional Mar del Plata y diversas organizaciones que forman parte de la mesa contra la violencia institucional, se manifestaban frente al edificio municipal, Montenegro utilizó sus redes sociales para publicar un video que muestra un operativo de la Patrulla Municipal.
El video exhibe un encuentro entre miembros de la Patrulla Municipal y un individuo identificado como cuidacoches, tras recibir denuncias de vecinos. En la grabación, se escucha al encargado del operativo explicando al cuidacoches que su actividad está prohibida y que ha sido denunciado por solicitar dinero a los conductores. Se le muestra evidencia en video que lo identifica claramente.
La explicación detalla la similitud entre la vestimenta del individuo y la descripción proporcionada en las denuncias. Se hace referencia específica a la campera con el logo de YPF, el pantalón, los zapatos e incluso el gorro que llevaba puesto.
Lo que realmente ha generado debate es el mensaje que acompañó el video en las redes sociales del Intendente Montenegro. Con una frase directa y polarizante, Montenegro expresó su postura frente al fallo judicial y su lucha contra los cuidacoches y personas a las que se refiere como “fisuras”: “O estás del lado del extorsionador o estás del lado del extorsionado”. Esta declaración ha sido interpretada como una clara defensa de las acciones de la Patrulla Municipal y una crítica a la decisión judicial que limita su accionar.
La frase elegida por Montenegro subraya una visión particular del problema, presentando una dicotomía entre quienes, según él, extorsionan y quienes son víctimas de esa extorsión. Esta postura ha generado reacciones encontradas, con algunos apoyando su firmeza y otros criticando la simplificación del problema y la potencial estigmatización de las personas en situación de vulnerabilidad.
El incidente pone de manifiesto la tensión existente entre las políticas de seguridad implementadas por el gobierno municipal y las organizaciones de derechos humanos que buscan proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La resolución judicial, aunque parcial, representa un intento de equilibrar la aplicación de la ley con el respeto a los derechos fundamentales de las personas en situación de calle. Sin embargo, la respuesta del Intendente Montenegro sugiere una clara divergencia en la forma de abordar la problemática, lo que anticipa la continuidad del debate y la controversia en torno a este tema.
Este caso en Mar del Plata se suma a un debate más amplio sobre el rol de las fuerzas de seguridad en el abordaje de la problemática social y la necesidad de encontrar soluciones que sean respetuosas de los derechos humanos y que, al mismo tiempo, garanticen la seguridad y el bienestar de la comunidad.