En una jornada de intensa movilización, personas con discapacidad, familiares, organizaciones de apoyo, prestadores de servicios y ciudadanos autoconvocados se congregaron frente al Palacio Municipal para expresar su profundo rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, medida que fue oficializada recientemente por el presidente Javier Milei.
La manifestación, que reunió a un amplio espectro de la sociedad civil, tuvo como eje central la denuncia de una situación que califican como “crítica” y que, según advierten, se agrava con la falta de sanción de la mencionada ley. Jesica Machado, referente de los prestadores, declaró a la prensa que la situación es “muy preocupante” y que el sistema de atención a la discapacidad se encuentra “al borde del colapso”.
“Sentimos angustia y bronca, pero también vemos que hay organización”, expresó Machado, destacando la respuesta coordinada ante la decisión presidencial. “Dijimos que si esto sucedía nos iban a ver en la calle, y acá estamos”, añadió, reflejando la determinación de los manifestantes.
Un aspecto resaltado por los participantes fue la unidad de acción entre los diferentes actores involucrados. Se enfatizó que no existe una confrontación entre prestadores y personas con discapacidad, sino una lucha conjunta contra un veto considerado injusto y perjudicial para el colectivo.
Según Machado, el veto no solo impacta en la disponibilidad de fondos destinados al sector, sino que también representa una vulneración de derechos ya adquiridos y por los que se ha luchado durante años. La referente describió un panorama alarmante, donde la emergencia se ha transformado en una crisis profunda.
“La situación ya es más que de emergencia, es crítica. Realmente el sistema, como lo conocemos, está ya al borde del colapso. Somos hoy por hoy los prestadores los que lo estamos sosteniendo para seguir brindando las terapias que cada persona con discapacidad necesita”, reflexionó Machado, evidenciando la fragilidad del sistema actual.
Entre las prestaciones que se verán afectadas por la falta de sanción de la ley se encuentran la mejora en el acceso a terapias, el transporte adaptado y la asistencia a centros educativos, servicios esenciales para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Los manifestantes advirtieron sobre el cierre de instituciones y la dificultad para cubrir las necesidades básicas de las personas a las que atienden. La Ley de Emergencia en Discapacidad, según explicaron, representaría un respiro temporal mientras se elaboran nuevas políticas a largo plazo.
Finalmente, los participantes expresaron su esperanza de que el Congreso retome el debate sobre la ley y logre su aprobación, instando a los representantes a actuar con responsabilidad y compromiso. “Vamos a esperar (porque para eso votamos a nuestros representantes) que esto continúe en el Congreso, que se vuelva a obtener la aprobación. Que el compromiso siga, porque no es partidario, sino un compromiso con la gente”, concluyó Machado, subrayando la importancia de un enfoque transversal y solidario en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.