En una resolución reciente, el juez federal Alfredo López ha ordenado el desalojo forzoso de familias que residen en terrenos ubicados dentro de la franja de seguridad de las líneas de alta tensión en el barrio José Hernández de Mar del Plata. Esta decisión judicial faculta a las autoridades a emplear la fuerza pública y personal especializado, si fuese necesario, para llevar a cabo el desalojo.
La orden se emite después de que expirara el plazo otorgado en febrero, durante el cual se había solicitado a los ocupantes que abandonaran voluntariamente el área, considerada de alto riesgo tanto para la seguridad humana como para la infraestructura eléctrica de la ciudad. Los documentos judiciales indican que la orden también permite la entrada forzada con un cerrajero, el allanamiento y la remoción de construcciones ilegales levantadas en los terrenos en cuestión.
La decisión del juez responde a una solicitud de la empresa concesionaria Transba SA, argumentando el incumplimiento de la orden anterior. Este incumplimiento fue verificado mediante un acta notarial y documentación fotográfica. La zona afectada comprende tres lotes dentro del barrio José Hernández, extendiéndose desde la Avenida Carlos Carlos hacia el oeste, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, donde numerosas familias se han asentado desde 2022.
Las “franjas de seguridad”, reguladas por la Ley 19.552, prohíben cualquier tipo de construcción en un área de hasta 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión. Esta normativa busca salvaguardar la integridad de las personas y las instalaciones, previniendo riesgos para el suministro eléctrico. En este caso, los lotes involucrados abarcan aproximadamente 60 hectáreas, donde se han construido diversas viviendas precarias en los últimos años.
El procedimiento de desalojo contará con el apoyo de personal de Zoonosis, debido a la presencia de animales en la zona, y será coordinado por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Aunque aún no se ha fijado una fecha específica para el desalojo forzoso, la Defensoría Pública ha sido notificada para continuar representando legalmente a las familias afectadas.
Este avance en el proceso judicial reaviva la problemática habitacional en la ciudad, poniendo de manifiesto la falta de soluciones estructurales ante la emergencia de vivienda. En particular, durante los tres años que ha durado el expediente, la Justicia había instado al Municipio, la Provincia y la Nación a encontrar alternativas habitacionales para las familias que ocupan los terrenos. La ausencia de respuestas concretas agrava la situación, especialmente para el Instituto de la Vivienda provincial, ya que el principal lote ocupado es de su propiedad.