El gobierno liderado por Guillermo Montenegro logró un avance significativo en la prórroga de la concesión del servicio de recolección de residuos. En una sesión que evocó dinámicas políticas previas al acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Ambiente, gracias al respaldo crucial de la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo, el bloque libertario optó por la abstención, marcando una diferencia notable en el panorama político local.
Con una ajustada votación de tres votos a favor (provenientes de dos concejales del Pro y uno de la UCR) sobre un total de siete, el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal superó el primer obstáculo en la Comisión de Ambiente. Este proyecto busca declarar la Emergencia Económico-Financiera del servicio y extender por dos años el contrato vigente con la empresa Transportes 9 de Julio, cuyo vencimiento está programado para enero de 2026. Además, se contempla una opción de prórroga adicional por otros dos años, evitando así la necesidad de un llamado a licitación pública. El expediente ahora se dirige a la Comisión de Legislación para continuar su curso legislativo.
Durante la sesión, las intervenciones en defensa del proyecto fueron concisas. Florencia Ranellucci (Pro), presidenta de la comisión, realizó una breve introducción destacando la importancia de la medida para garantizar la salud pública y la calidad de vida de los vecinos. Ranellucci señaló que la propuesta surgió a raíz de reclamos sindicales transmitidos por la empresa al Ejecutivo en junio de este año. Subrayó la necesidad de aprobar la emergencia para brindar a las partes el tiempo necesario para reorganizarse, haciendo referencia al “plan de desvinculación de personal” que la concesionaria implementará durante el período de prórroga, según consta en el expediente.
La referencia más amplia de Ranellucci aludió al planteo del Sindicato de Camioneros, que estimaba en 30 mil millones de pesos las indemnizaciones que la Comuna debería afrontar en caso de finalizar el contrato en enero del próximo año. No obstante, es importante recordar que las licitaciones de servicios públicos suelen incluir una cláusula que garantiza la continuidad laboral del personal en caso de un cambio de contratista.
“Es una emergencia que claramente se construyó”
Diego García, concejal de Unión por la Patria, fue el único voto en contra del proyecto, calificándolo de “una vergüenza”. García argumentó que la emergencia se había “construido” deliberadamente, ya que el gobierno municipal había tenido tiempo suficiente para resolver el problema. “El problema de fondo es que nunca se elevó un pliego para licitar, seis años tuvo el intendente”, sentenció.
Además, García advirtió sobre una posible inconsistencia legal, señalando que la prórroga podría incumplir el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que las prórrogas no pueden superar un tercio del plazo original del contrato (en este caso, 10 años), mientras que la extensión propuesta es de cuatro años.
Eva Ayala, de Acción Marplatense, también expresó fuertes objeciones, aunque aclaró que, por el momento, su bloque se abstendría. Ayala recordó que el vencimiento del contrato era conocido desde hace una década y cuestionó la lógica de declarar una emergencia. “No entendemos cómo se podría explicar la lógica de la declaración de una emergencia. Acá no hay algo que no se pudo prever, hubo algo que se olvidaron de gestionar. La emergencia no está constatada en hechos, tiene que haber racionalidad y proporcionalidad, que acá no constatamos. Entonces nos están planteando una emergencia para eludir la licitación”, afirmó.
En esa línea, manifestó su preocupación por la “construcción de una emergencia ficcional” y la gestión municipal, señalando que el gobierno local ya tiene el transporte en emergencia y nunca ha logrado licitar una obra pública.
Los concejales del Pro Julián Bussetti y Cristian Beneito, así como el radical Daniel Núñez, votaron a favor del proyecto, pero no hicieron uso de la palabra para defenderlo. La libertaria Cecilia Martínez también optó por el silencio, anunciando su abstención, lo que generó sorpresa al no respaldar la iniciativa del gobierno.