En un giro inesperado que ha generado consternación entre cientos de familias, el Juzgado Comercial N° 26 ha decretado la quiebra de Induplack Fiduciaria S.A., una constructora que se encuentra en el centro de una investigación por una presunta asociación ilícita dedicada a la estafa inmobiliaria. La decisión judicial, tomada a petición de un acreedor con supuestos vínculos con la familia L’Abbate, principal acusada en el caso, ha desatado la alarma entre las más de 420 víctimas, quienes temen que esta medida complique aún más la recuperación de sus inversiones perdidas.
La trama, que se remonta a 2012, involucra la venta fraudulenta de departamentos en construcción, algunos de los cuales fueron vendidos hasta a seis compradores diferentes. Vito Antonio L’Abbate, junto con sus hijos Emanuel Andrés, Santiago David y Juan Ignacio, y el apoderado Patricio Gastón Flores, se encuentran actualmente detenidos, acusados de liderar esta compleja estructura delictiva. La fiscalía los acusa de orquestar un plan meticulosamente diseñado para defraudar a compradores de buena fe, ofreciendo unidades a precios atractivos y presentando informes de avance de obra falsificados.
La quiebra de Induplack Fiduciaria S.A. implica que un síndico será designado para liquidar los activos de la empresa y distribuirlos entre los acreedores. Sin embargo, las víctimas temen que este proceso pueda ser manipulado para beneficiar a personas cercanas al grupo L’Abbate, permitiendo que bienes valiosos se desvíen y disminuyan las posibilidades de recuperar sus fondos. Luz, una de las afectadas, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la quiebra sea utilizada como una herramienta para el vaciamiento patrimonial y la administración fraudulenta.
La jueza federal Paula González, a cargo de la causa penal, ha tomado medidas para asegurar los activos involucrados en la estafa. Amplió la prisión preventiva de los L’Abbate y Flores, ordenó la inhibición general de bienes, el embargo de 60 inmuebles y el secuestro de 17 vehículos. Además, prohibió la salida del país de Vito L’Abbate. Entre los bienes embargados se encuentran propiedades clave, como el domicilio fiscal de la empresa y un inmueble en Caaguazú, ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación ha revelado que las empresas del holding, Induplack S.A., Induplack Fiduciaria e Icons Tech, operaban en conjunto para llevar a cabo la estafa. Ofrecían unidades en fideicomisos con precios accesibles y aparentes informes de avance de obra, que eran falsificados. Cuando surgían reclamos, las fechas de entrega se postergaban indefinidamente o simplemente dejaban de responder a las consultas de los compradores.
Federico, otro de los damnificados, advirtió que la resolución del caso por la vía civil, a través de la quiebra, podría obstaculizar la investigación penal. Señaló que existen fondos en el exterior y bienes repartidos en distintos lugares, y que la quiebra podría favorecer a los mismos que generaron el daño. La fiscal Mónica Cuñarro ha calificado el esquema como una estructura “planificada y organizada para defraudar”.
En un desarrollo paralelo, la jueza dictó la falta de mérito para Gabriel y Pablo Brodsky, titulares de la inmobiliaria Predial, quienes lograron demostrar que también fueron engañados por el grupo L’Abbate. Este fallo exime a los Brodsky de responsabilidad penal en el caso.
Las víctimas de la estafa continúan organizándose y buscando nuevas formas de presionar a las autoridades para que se haga justicia. Han convocado a otras personas afectadas a contactarse a través del correo damnificadosinduplack@gmail.com o en la cuenta de Instagram @damnificadosinduplack, buscando sumar fuerzas y compartir información que pueda ser útil para la investigación.
El caso Induplack Fiduciaria S.A. pone de manifiesto la vulnerabilidad de los compradores de vivienda frente a prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir este tipo de estafas a gran escala.