Un escándalo sacude la provincia de San Juan tras la imputación de nueve personas, entre ellas una funcionaria de alto rango del Registro Civil de Pocito, por su presunta participación en una sofisticada red dedicada a la falsificación de documentos de identidad. Esta organización criminal, según las investigaciones, se dedicaba a la creación fraudulenta de identificaciones que luego eran utilizadas para perpetrar estafas, obtener créditos de manera ilícita y adquirir bienes que posteriormente eran comercializados en el mercado negro.
La Unidad Fiscal de San Juan, a través de su área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, liderada por el fiscal Fernando Alcaraz, ha formalizado la investigación penal contra los implicados, incluyendo a la funcionaria identificada como N.L.C. La información fue divulgada a través del portal Fiscales.gob.ar, generando gran repercusión a nivel local y nacional.
La modalidad delictiva, según se desprende de la investigación, involucraba la manipulación de datos biométricos en trámites formales dentro del Registro Civil. La funcionaria, en connivencia con otros miembros de la red, presuntamente insertaba información falsa, como fotografías y huellas dactilares adulteradas, en los sistemas oficiales. Esto permitía la emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) aparentemente auténticos en su forma, pero ideológicamente falsos, ya que contenían información apócrifa y no correspondían a la verdadera identidad de la persona que figuraba en el documento.
Las acusaciones formales abarcan una serie de delitos graves, incluyendo la falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, estafa agravada, asociación ilícita y la violación de la Ley Nº 17.671, que regula la Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. La gravedad de los cargos refleja la seriedad con la que las autoridades están abordando este caso.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por un residente de la provincia de Buenos Aires. Esta persona alertó sobre el uso fraudulento de un DNI que contenía una imagen y huellas dactilares que no le pertenecían, para la contratación de préstamos y la realización de transacciones comerciales en su nombre. Este incidente sirvió como detonante para una investigación exhaustiva que reveló la magnitud de la red de falsificación.
Las pesquisas condujeron rápidamente al Registro Civil de Pocito, donde se identificó la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales. Este primer caso, denominado “caso testigo” por la fiscalía, permitió el despliegue de diversas medidas probatorias, incluyendo allanamientos, recolección de pruebas digitales y documentales, que culminaron con la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio pasado y la posterior orden de prisión preventiva para la funcionaria N.L.C.
Un giro adicional en la investigación reveló que uno de los imputados tenía un caso abierto por tráfico de estupefacientes en el norte del país, por el cual ya se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. Tras la audiencia de formalización, y ante la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), este individuo se dio a la fuga, complicando aún más la situación.
La magnitud del problema se hizo aún más evidente cuando el Registro Civil de Pocito llevó a cabo una auditoría interna que detectó múltiples irregularidades similares. Esta auditoría condujo a denuncias complementarias por 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos, de los cuales 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro habrían sido consumados. Estos hallazgos sugieren que la red operaba de manera sistemática y a gran escala, lo que plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la integridad del sistema de identificación en la provincia.