En un operativo que ha conmocionado a la provincia de Santiago del Estero, la Gendarmería Nacional rescató a una mujer embarazada y a su pareja, quienes se encontraban viviendo y trabajando en condiciones de extrema vulnerabilidad en un campo rural. La intervención, llevada a cabo tras una denuncia, revela una cruda realidad de explotación laboral en el interior del país.
La Justicia ordenó el allanamiento de un predio ubicado en la localidad de Santa Eufemia, departamento de Juárez Celman, luego de recibir información sobre la precaria situación en la que se encontraban los trabajadores. Al llegar al lugar, los agentes constataron que la pareja vivía en condiciones deplorables, careciendo de las necesidades básicas para la subsistencia.
La mujer, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, y su pareja, solicitaron desesperadamente la ayuda de los uniformados para abandonar el campo. No tenían acceso a alimentos, agua potable ni electricidad. La futura madre, además, no contaba con medios para acceder a atención médica prenatal, poniendo en riesgo su salud y la de su bebé.
Según el testimonio de las víctimas, fueron trasladados al campo junto con otras personas bajo falsas promesas de un buen salario, vivienda digna y comida. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con una realidad muy diferente. No recibieron el pago acordado, fueron alojados en una casilla precaria sin acceso a servicios básicos, y obligados a trabajar jornadas extenuantes de más de 12 horas diarias, sin descanso ni garantías laborales.
“Nos dijeron que íbamos a ganar bien y que íbamos a tener casa y comida, pero era todo mentira. Dormíamos en el piso, comíamos lo que podíamos conseguir, y nadie nos ayudaba”, declaró la mujer, visiblemente angustiada por la experiencia vivida. Su relato pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas que son engañadas y explotadas en el ámbito rural, alejadas de los centros urbanos y sin acceso a mecanismos de protección.
Tras el rescate, la pareja fue puesta a resguardo y se encuentra recibiendo asistencia a través de un programa de protección a víctimas de trata de personas. Este programa les brindará apoyo psicológico, legal y social para superar el trauma y reconstruir sus vidas.
Las autoridades judiciales han iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del empleador y de los intermediarios que participaron en el reclutamiento de los trabajadores. Se busca establecer si se cometieron delitos de trata de personas, explotación laboral y violación de los derechos humanos.
Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización en el ámbito rural, así como de promover la concientización sobre los derechos laborales y los mecanismos de denuncia disponibles. Es fundamental garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o condición social, tengan acceso a un trabajo digno y a una vida libre de explotación.
La historia de esta pareja santiagueña es un recordatorio de que la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral es una tarea que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de la prevención, la detección y la sanción de estos delitos se podrá construir un futuro más justo e igualitario para todos.