La justicia ha dictado una severa condena en la provincia de Salta, Argentina, contra un hombre de 33 años, hallado culpable de graves delitos de acoso y explotación infantil a través de plataformas de redes sociales. Tras una investigación exhaustiva, el individuo fue sentenciado a 18 años de prisión por su participación en una red que contactaba a menores, ofreciéndoles dinero a cambio de contenido íntimo y, en última instancia, encuentros personales.
El caso se destapó gracias a la perspicacia de una madre, quien, al revisar el teléfono móvil de su hijo, descubrió un mensaje sospechoso. La palabra clave “pack” despertó su alerta, llevándola a investigar más a fondo. Al confrontar a su hijo, este reveló la existencia de conversaciones borradas y admitió haber estado enviando fotografías de sí mismo sin ropa a cambio de dinero.
La investigación posterior reveló un modus operandi alarmante. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2024, el condenado operó una red de acoso y explotación que se extendía a través de diversas plataformas online, incluyendo WhatsApp, Instagram y Telegram. Su estrategia consistía en contactar a menores, solicitarles fotografías íntimas y ofrecerles pagos a cambio. Inicialmente, ofrecía alrededor de $3,000 por cada imagen, cifra que ascendía a $5,000 por videos. Sin embargo, la oferta aumentaba significativamente si la víctima aceptaba un encuentro en persona, llegando a ofrecer entre $30,000 y $40,000 por dichos encuentros, que supuestamente se llevarían a cabo en una galería.
La gravedad del caso radica no solo en la explotación económica de los menores, sino también en la manipulación psicológica y la vulneración de su intimidad. Una de las madres afectadas relató que el agresor no solo ofrecía dinero por los archivos, sino que también enviaba sus propias imágenes, proveyendo instrucciones explícitas sobre cómo debían posar los chicos. Esto demuestra un nivel de planificación y control que agrava aún más la naturaleza del delito.
Las autoridades han destacado la importancia de la denuncia temprana y la colaboración de los padres en la prevención de este tipo de delitos. La vigilancia activa de la actividad online de los menores, el diálogo abierto y la educación sobre los riesgos de internet son herramientas fundamentales para proteger a los jóvenes de potenciales depredadores. Este caso sirve como un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en el mundo digital y la necesidad de estar alerta y proactivos en la protección de los menores.
La condena impuesta al agresor representa un importante paso en la lucha contra la explotación infantil online y envía un mensaje claro a quienes pretenden aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Es crucial que la sociedad en su conjunto se involucre en la prevención y denuncia de estos delitos, trabajando en conjunto con las autoridades para crear un entorno online más seguro para todos.