La provincia de San Luis se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la divulgación de una nueva transferencia errónea de fondos públicos. En esta ocasión, la suma asciende a 90 millones de pesos, enviados accidentalmente a un destinatario desconocido. Lo que agrava aún más la situación es que este incidente representa la tercera ocasión consecutiva en que ocurren este tipo de errores, generando serias dudas sobre los mecanismos de control financiero del gobierno provincial.
Según fuentes oficiales, el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, al ser notificado del error mientras se encontraba de viaje en Buenos Aires, instruyó inmediatamente la localización de los fondos y la notificación a las entidades financieras pertinentes. Las primeras investigaciones apuntan a un posible “error de tipeo o distracción” como causa del desvío, aunque se ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar responsabilidades.
Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes similares que han sacudido la administración pública puntana en los últimos meses. A principios de año, Verónica Acosta, residente de Villa Mercedes, recibió la sorprendente suma de 510.236.811 pesos en su cuenta de Mercado Pago, cuando en realidad esperaba recibir solo 8.000 pesos. Los fondos provenían del Poder Ejecutivo local. Ante la inesperada bonanza, Acosta procedió a realizar compras y transferencias a familiares.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Acosta y sus familiares fueron imputados por defraudaciones especializadas por el uso de tarjeta de débito continuado, fraude a la administración pública y retención indebida. La justicia fijó una millonaria fianza y dictó prisión preventiva para los imputados. Sin embargo, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, logró que se desestimara la fianza impuesta, que ascendía a un total de 30 millones de pesos, distribuidos en 5 millones por cada acusado.
Otro incidente previo involucró la transferencia errónea de 110 millones de pesos a un particular, también atribuido a un error administrativo. La recurrencia de estos hechos ha generado un clima de preocupación y desconfianza en la ciudadanía, que exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La repetición de estos errores de magnitud considerable plantea interrogantes sobre la capacitación del personal encargado de las operaciones financieras, la robustez de los sistemas de control interno y la supervisión de los procesos de transferencia de fondos públicos. La oposición política ha intensificado sus críticas, exigiendo una investigación profunda y la implementación de medidas correctivas urgentes para evitar que estos incidentes se repitan en el futuro.
La administración provincial enfrenta ahora el desafío de recuperar la confianza de la población y demostrar su compromiso con la gestión responsable de los recursos públicos. Para ello, se espera que se adopten medidas concretas que fortalezcan los mecanismos de control, mejoren la capacitación del personal y garanticen la transparencia en todas las operaciones financieras del gobierno.