Un hecho sin precedentes sacude la industria pesquera argentina: la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales ha sido suspendida. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) tomó esta drástica decisión debido a la alarmante falta de participación en la campaña de prospección, esencial para evaluar el estado del recurso.
La campaña de prospección, programada para comenzar el 28 de mayo, requería la participación de un mínimo de cuatro embarcaciones. Sin embargo, solo dos barcos se inscribieron, imposibilitando la recopilación de los datos técnicos necesarios para autorizar la pesca comercial. Esta situación plantea serias dudas sobre la viabilidad económica de la actividad, un argumento que los empresarios del sector han venido sosteniendo con insistencia.
Las cámaras empresariales, incluyendo la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), han alertado sobre la crítica situación que atraviesa el sector. Según sus declaraciones, un total de 113 barcos congeladores permanecen amarrados en los puertos del país. A pesar de que el recurso langostino se mantiene en niveles saludables, los costos operativos, combinados con los precios de venta actuales, hacen que la actividad sea insostenible.
En este contexto de crisis, los empresarios han planteado la necesidad de reducir los salarios de los trabajadores en un 30%, una medida que ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos. La suspensión de la temporada de langostino agrava aún más la incertidumbre laboral y económica en las comunidades pesqueras de Mar del Plata y la Patagonia.
El futuro de la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales queda ahora en manos del Consejo Federal Pesquero (CFP), que deberá decidir si se realiza una nueva convocatoria para la campaña de prospección. Hasta entonces, el inicio de la temporada permanece en suspenso, con graves consecuencias para la industria y para el monitoreo científico del recurso. La falta de datos técnicos confiables impide la autorización de la pesca, dejando a miles de trabajadores en una situación vulnerable y precaria.