En la ciudad costera de Mar del Plata, los taxistas han manifestado su beneplácito tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión judicial ha redirigido el litigio sobre la legalidad de las aplicaciones de transporte al fuero laboral, un movimiento que los taxistas consideran un avance significativo en su prolongada batalla.
Darío López, secretario adjunto de la Federación de Conductores de Taxi, expresó el sentir general del gremio. Subrayó que la oposición no se dirige hacia los individuos que trabajan a través de estas plataformas, sino más bien a la forma en que operan, que consideran ilegal. López también señaló la existencia de numerosas licencias de taxis y remises sin utilizar en el Partido de General Pueyrredon, cuestionando la idea de que el sector de los taxis deba asumir la responsabilidad de absorber a aquellos que pierden sus empleos.
El dirigente sindical enfatizó la disposición de los taxistas a debatir dentro del marco legal. Recordó que Mar del Plata se distingue como la única ciudad en Argentina con una ordenanza específica que prohíbe las plataformas digitales de transporte, una normativa que, según afirmó, defenderán “con uñas y dientes”. Esta declaración refleja la determinación del gremio a preservar su posición y el cumplimiento de las regulaciones locales.
Miguel González, secretario general de la Federación de Conductores de Taxis, instó a sus compañeros a mantener la firmeza en la lucha. Destacó la importancia de la unidad y el compromiso colectivo en la defensa de sus derechos, señalando que la fuerza del movimiento radica en la participación masiva de los taxistas.
La resolución de la Suprema Corte, emitida el 11 de septiembre, marca un hito en el conflicto. Previamente, varios juzgados (Civil y Comercial N°9, Tribunal de Trabajo N°4 y Juzgado Contencioso Administrativo N°1) se habían declarado incompetentes para tratar la causa iniciada en abril por la Federación Nacional de Conductores de Taxis. Esta demanda buscaba una medida cautelar para ordenar a empresas como Uber Technologies Inc., Uber B.V., Uber Argentina, Didi SA y Cabify SA, a cesar de inmediato sus operaciones de transporte de personas dentro del Partido de General Pueyrredon.
El argumento central de los taxistas se basa en el presunto incumplimiento de la Ordenanza municipal 23.928, promulgada en 2019. Dicha ordenanza prohíbe esta modalidad de transporte en General Pueyrredon y establece sanciones económicas, la suspensión de licencias de conducir e incluso el secuestro de vehículos para aquellos que presten el servicio sin la debida habilitación municipal. A pesar de la existencia de esta normativa, los controles han sido esporádicos, permitiendo que las aplicaciones operen sin mayores restricciones.
En resumen, la decisión judicial ha revitalizado la lucha de los taxistas marplatenses contra las aplicaciones de transporte, quienes se muestran decididos a defender la ordenanza local y a buscar una regulación que, según ellos, garantice la competencia justa y el cumplimiento de las leyes vigentes. El traslado del caso al fuero laboral abre un nuevo capítulo en esta controversia, cuyo desenlace aún está por verse.